En total, la propuesta del Gobierno catalán es que las personas que viven en esta comunidad autónoma en situación de pobreza y que cuentan con rentas más bajas reciban fondos adicionales que les permitan obtener un mínimo de 7.137,2 euros al año. Con este dinero, afirma la conselleria de Bienestar y Familia, “ningún ciudadano de Cataluña estaría por debajo del umbral de pobreza”.
Según Bienestar y Familia, las prestaciones beneficiarían a personas que cobran pensiones de viudedad insuficientes, preceptores de pensiones no contributivas y personas con ayudas para el mantenimiento de necesidades básicas. La Ley también contempla a jóvenes ex tutelados de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y a familias que acogen a menores.
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¿Caminito caminito a la renta básica?