\t\t\t\tCerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en Espa\u00f1a en funci\u00f3n de su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Informaci\u00f3n en Espa\u00f1a, se le podr\u00edan sumar bajas masivas de clientes del Adsl m\u00e1s lento y caro de Europa.<\/p>\n
Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores inform\u00e1ticos en Espa\u00f1a estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -Adsl y cable-modem- que podr\u00edan darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo que RedTel las sociedades de gesti\u00f3n de los derechos de autor, abanderadas por la Sgae, para que en Espa\u00f1a se d\u00e9 tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexi\u00f3n a Internet por usar redes P2P. A la disminuci\u00f3n de ingresos se sumar\u00edan las posibles indemnizaciones que podr\u00edan derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los art\u00edculos 8 (\u201dRestricciones a la prestaci\u00f3n de servicios y procedimiento de cooperaci\u00f3n intracomunitario\u201d) y 11 (\u201dDeber de colaboraci\u00f3n de los prestadores de servicios de intermediaci\u00f3n\u201d) de la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de Comercio Electr\u00f3nico, modificado por la Ley 56\/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci\u00f3n.<\/p>\n
Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gesti\u00f3n de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes p\u00e9rdidas al sector de entretenimiento.<\/p>\n
Sin embargo tanto la fiscal\u00eda como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos p\u00fablicos o bajo licencias copyleft (la mayor\u00eda de los casos).<\/p>\n
Las propias entidades de gesti\u00f3n de derechos de autor han reconocido en el \u201cInforme de la industria de contenidos en Espa\u00f1a\u201c, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la m\u00fasica tiene un retroceso en la venta a trav\u00e9s del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)<\/p>\n
Lo cierto es que las negociaciones que se est\u00e1n llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas m\u00e1s solventes y con mayor capacidad tecnol\u00f3gica de Espa\u00f1a empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutir\u00e1 en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.<\/p>\n
Pero lo m\u00e1s grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Informaci\u00f3n en Espa\u00f1a menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando a\u00fan m\u00e1s el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.<\/p>\n